Crece la necesidad de una ley de protección de datos frente a Internet

Mar España, durante un momento de su discurso en el Foro de la Nueva Economía, frente a Rafael Catalá (sentado, segundo por la izquierda). |FOTOGRAFÍAS: Marta Peiro

Desde su irrupción en el cambio de milenio, Internet se ha convertido en la revolución del siglo XXI. Su capacidad inmersiva en las sociedades occidentales ha favorecido la transmisión de todo tipo de datos de un extremo a otro del mundo en tiempo récord. Según Mar España, “el tráfico global alcanzará 3,3 terabytes en 2021. En España este tráfico supondrá el triple de lo registrado en 2016, llegando a haber 36,3 millones de usuarios en 2021, lo que supone el 80% de la población. Además, habrá 345 millones de dispositivos con dispositivos conectados en 2021, lo cual indica 7 conexiones por habitante”.

Así lo pronosticó la directora de la Agencia Española de Protección de Datos este martes en el Foro de la Nueva Economía celebrado en el Casino Gran Círculo de Madrid. La experta fue presentada por Rafael Catalá, ministro de Justicia, que alabó el papel de la agencia frente a los “muchos desafíos que está llevando a cabo” en su ejercicio de “tutela de un derecho fundamental como el derecho a la protección de datos”. Catalá recordó la “labor de promoción, comunicación, difusión y divulgación en la realización de informes y guías para facilitar la implantación de las nuevas líneas en materia de protección de datos de una forma cotidiana y accesible a los ciudadanos”.

La directora de la Agencia de Protección de Datos, a pesar de admitir que las nuevas tecnologías “hacen posible que la información se recoja y almacene, intercambie y trate, procese y difunda digitalmente, y permiten utilizarla de forma impensable”, recordó que los datos presentes en ese proceso son “de carácter muy personal”. Detrás de ellos, dijo, “hay información sensible, y las personas pueden ver afectado su derecho a la intimidad”. Por ello, expresó, es fundamental la “protección de los derechos de las personas en la utilización de dichos datos” ante los numerosos “riesgos” presentes en la red. “Cuántos más datos dejemos al usar las nuevas tecnologías, más probabilidad de que algo pueda salir mal”, advirtió.

España citó la seguridad, confidencialidad de la información y los usos no previstos, injustos o ilegales de la misma como algunos de los problemas en la presencia y el tratamiento de los datos en Internet. La experta hizo referencia a Facebook, compañía que puede haber incurrido en un “uso ilegal e interesado de unos datos proporcionados de buena fe, atacando a los cimientos del estado democrático”. En nuestro país, concretó, 137.000 usuarios se han visto afectados por este caso. Así, aseguró, muchas compañías punteras caen en la “monetización de la información personal de los usuarios”.

Para proteger a los ciudadanos, el 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de datos, que deben acatar todos los países de la Unión Europea y que entrará en vigor el 25 de mayo de este año, tras un proceso de adaptación de los estados miembro a la nueva legislación. Este reglamento, según España, “parte de un cambio radical: ahora el modelo se basa en un modelo preventivo en el que se plantean las relaciones de diseño y todo el enfoque de las obligaciones de los responsables debe hacerse basado en el enfoque de riesgo combinado con un factor de flexibilidad”.

Las obligaciones de esta nueva legislación, explicó la directora, son el “registro general de actividades de tratamiento, el nombramiento del delegado de protección de datos, el análisis de riesgo y las medidas prácticas y organizativas correspondientes”. El nuevo reglamento, anunció, otorga “nuevos derechos al ciudadano y un mayor control de la información”, ya que “todos tenemos derecho a conocer y acceder a los datos que las empresas tratan de nosotros.

Es novedoso, además, por reconocer “por primera vez” el derecho al olvido. Éste, expuso España, se ha incluido a raíz de una sanción que puso la agencia a Google hace dos años e “implica que no se pueda realizar una búsqueda por Internet a través del nombre cuando esa información ha quedado obsoleta, afecta a un personaje público o es inexacta”. No impide, sin embargo, que se pueda buscar por otros parámetros, como bien reconoció la experta en el tema.

España, que recordó que “los mayores responsables de nuestros datos somos nosotros con los datos que vamos dejando en Internet”, destacó que en el nuevo reglamento la Unión Europea, por primera vez, “ha establecido un cumplimiento transfronterizo que rompe todas las reglas del derecho administrativo en nuestro país”. Éste obligará a las “autoridades de la UE a “ponerse de acuerdo sí o sí para hacer frente a la complejidad transfronteriza”, expuso. Otra de las novedades de la nueva legislación recae en la figura del delegado de protección de datos, cuya labor, especificó la directora, es “asesorar, informar y supervisar que se cumplan las obligaciones”. Según aseguró, la agencia está comprometida en el apoyo a dicho papel, por lo que ha “puesto en marcha el esquema de certificación del delegado de protección de datos”.

La experta estableció en 600.000€ la sanción máxima de la agencia, que llegará “hasta 20 millones de euros” por el 4% del volumen de facturación inicial por el nuevo reglamento, cifró. En el caso de Facebook, la compañía fundada por Mark Zuckerberg recibió “la sanción más alta de la historia de la agencia: 1.600.000€”. España recalcó, además, que la Agencia Española de Protección de Datos ha sido la “primera autoridad a nivel europeo en sancionar a la compañía por el intercambio de datos entre Facebook y WhatsApp”.

Para “ayudar al cumplimiento de las obligaciones básicas por parte de los encargados”, la experta anunció además la puesta en marcha de una herramienta “gratuita”, Facilita. Su creación, afirmó, responde al carácter cambiante de los datos, por el que “hay que estar pendientes y tener actualizadas las obligaciones que se encargan de los mismos”.

España no quiso perder la oportunidad para trasladar a los órganos parlamentarios la “necesidad de que se apruebe el proyecto de una ley orgánica de protección de datos” para adaptarse a las exigencias europeas. Catalá, por su parte, reconoció el “equilibrio, la protección de derechos y el fomento a una actividad económica” como “verdaderas virtudes” del mismo. Tal es la importancia que la organización otorga a dicha ley que la experta en la materia anunció que representantes de la agencia están reuniéndose con CEPYME para hablar del asunto con las pequeñas y medianas empresas, y visitando las distintas Comunidades Autónomas.

Finalmente, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que recordó que este asunto “abarca todos los ámbitos de nuestra vida y todos los sectores económicos de la sociedad”, y pidió “conciencia” ciudadana sobre Internet, aseguró de igual manera que la institución está muy preocupada por la prevención, sobre todo en el caso de los menores. Su deseo, dijo, es que “podamos aumentar la sensibilización de las Comunidades Autónomas y dar un paso adelante para proteger juntos a los menores”. “Sin alianzas no somos nadie, que todos tengan garantías de que pueden contar con el asesoramiento de la agencia”, prometió.

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