¿Jaque mate al sector tecnológico no estatal en Cuba?

Mientras las autoridades del país hablan frecuentemente sobre la informatización de la sociedad cubana, en los documentos y pronunciamientos oficiales al respecto ocurre una omisión importante: no se tiene en cuenta el sector tecnológico privado y a los startuppers cubanos que innovan en el ecosistema digital. Este hecho, para nada fortuito, brinda pistas importantes de hacia dónde se dirige el futuro del empredimiento tecnológico de la Isla.

En julio de 2017, el Ministerio de Comunicaciones (MINCON) desarrolló la Política Integral para el Perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba, la cual se basa en el “Modelo Económico y Social” y se sustenta en siete principios.

Entre estos destaca que el desarrollo del sector tecnológico “se convierta en un arma para la defensa de la Revolución”, afirmación que perpetúa la visión de las tecnologías como un recurso estratégico, a la vez que pondera “potenciar el acceso de los ciudadanos al empleo de las nuevas Tecnologías de la Informática”.

Sin embargo, pese a que otro de los principios recogidos en dicha política incluye “preservar el desarrollo del capital humano asociado a la actividad”, no se tiene claro desde dónde se hará y a qué sector se capacitará.

Tal vez por eso, la famosa licencia de Operador de Equipos de Cómputo -a quienes diseñan, escriben o depuran programas para una computadora o cualquier equipamiento de procesamiento de información -aún está engavetada esperando a la organización de “los profesionales del sector con el objetivo de aprovechar y desarrollar sus capacidades y encauzar sus acciones en función de las prioridades del país”.

Tal vez por eso, también, se “reconoce y promueve la empresa estatal socialista como actor principal en la industria de aplicaciones informáticas”, lo cual podría representar un jaque mate al sector tecnológico no estatal.

Esto ocurre justo cuando debería ser estimulado más que obviado, porque también “asegura la sostenibilidad y soberanía tecnológica” de la cual se habla en Cuba. Porque, hasta tanto no llegue UBER al país, la iniciativa privada se encarga de llenar el vacío con aplicaciones para móviles con intenciones similares como el caso de Bajanda, Sube o Cuber.

La política, dice el texto, “posibilita la participación en el proceso de informatización de la sociedad de las formas no estatales de gestión”. Pero, más allá de las palabras, no se definen sus implicaciones en la industria cubana, ni en la sociedad.

¿Será que en el futuro estas aplicaciones junto con la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), podrán desarrollar inteligencia artificial para que donde se detecte más afluencia de personas, acuda el transporte público para evitar aglomeraciones?

Si bien la nueva actualización sobre la Ley del Espectro Radioelectrónico en Cuba contribuye a ofrecer un uso más “acorde” a los nuevos tiempos, se trabaja en un decreto sobre la seguridad de las Tecnologías de Ia Información y la Comunicación (TICs)  que se debe aprobar próximamente.

Así explicó Miguel Gutiérrez Rodríguez, director general de Informática del Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM), en una entrevista a medios cubanos. En la misma, habló sobre que la aprobación de esas normas “respalden los avances y proyecciones del programa de informatización del país”. A la par reconoció que “ha existido demora en su aprobación, que ha limitado la ejecución de un grupo de acciones para cubrir las brechas de seguridad y errores de los sistemas y tecnologías empleadas y evitar su explotación por personas no autorizadas”.

Entre sus declaraciones, el funcionario no dejó claro sobre quiénes ni de qué modo llegarían las regulaciones. Podría pensarse que muchas de las iniciativas del sector tecnológico privado cubano, no reconocidas por el gobierno, pudieran ser objeto de dichas medidas.

Mientras, la Política de Comunicación reconoce que “las insuficientes opciones que se ofrecen al sector de gestión no estatal para promocionar sus productos y servicios han generado el empleo de variadas vías (legales, y no legales) de hacer publicidad, promoción y patrocinio, en soportes radicionales y digitales”, ¿Por qué, si se les menciona al menos, no se reconoce la regulación del diseño en toda su extensión en plataformas como estas? ¿Por qué no se legaliza figuras como el Community Manage o el SEO, ambas en auge?

La política en cuestión deja la puerta abierta para que la imaginación vuele sobre fenómenos que vienen ocurriendo en Cuba desde hace tiempo, y que aún no se terminan de regular. Se habla de “organizar servicios de consultoría en comunicación, bajo principios empresariales, atendidos por el órgano que se cree. Transitoriamente, debido a su necesidad, establecerlos como funciones de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), hasta tanto se constituya el órgano que se decida, momento en que se instituirán las consultorías como entidad”.

De manera que, desde la Política de Informatización de la Sociedad hasta la Política de Comunicación dejan brechas que, por el momento, no tienen selladuras. Pero lo que sí se distingue, entre formulaciones no tan diáfanas, es que Cuba necesita diseñar una Agenda Digital 360º transversal a la sociedad y, en especial, lograr la coherencia para que se desarrolle el sector tecnológico no estatal con todo el potencial que tiene implícito.