Si hay algo difícil en la vida de un emprendedor es convencer a los inversores de que su producto o servicio merece la pena. A partir de ahí, parece que la cosa va a ser fácil. Pero nada más lejos de la realidad. Hay que tener en cuenta múltiples variables y saber dónde se está embarcando uno, ya que existen muchas cláusulas cuando se está firmando con un inversor. El emprendedor debe ser consciente de dónde se está metiendo, de qué está firmando en ese contrato para conseguir la inversión deseada para poner en marcha su negocio o para poder desarrollarlo o expandirse internacionalmente. Y es que existe la posibilidad de que haya cláusulas abusivas en ese contrato que han firmado con los inversores, sobre todo si se encuentra la startup en una fase temprana, donde el desequilibrio entre el poder negociador del inversor y la necesidad de capital del emprendedor tiende a acentuarse.
Por eso, es importante comprender cómo protegerse ante este tipo de cláusulas no es solo una cuestión jurídica, sino una decisión estratégica que puede determinar el futuro operativo y el control de la empresa.
Una de las formas más habituales en que se manifiestan estas cláusulas es a través de condiciones que limitan de forma desproporcionada la autonomía del equipo fundador. La inclusión de derechos preferentes excesivos, como el liquidation preference múltiple o no participativo en condiciones desfavorables, puede comprometer seriamente el retorno de los fundadores incluso en escenarios de venta exitosos. En estos casos, los inversores recuperan varias veces el monto de su inversión antes de que los fundadores vean cualquier beneficio. Aunque estas cláusulas buscan proteger el capital del inversor, su configuración debe responder a criterios razonables y proporcionales al riesgo asumido y a la fase de desarrollo del proyecto.
Otra práctica contractual que puede resultar problemática es la fijación de derechos de veto demasiado amplios. Si bien es lógico que los inversores estratégicos o institucionales deseen intervenir en decisiones críticas, la inclusión de vetos sobre cuestiones operativas o de gestión ordinaria puede dificultar el desarrollo ágil de la empresa. Lo recomendable en estos casos es acotar claramente los ámbitos de aplicación de estos vetos, limitándolos a cuestiones como la emisión de nuevas acciones, la aprobación de presupuestos extraordinarios o la venta de activos significativos, preservando la capacidad de decisión del equipo directivo en el día a día del negocio.
La dilución excesiva también representa un riesgo a considerar. Es frecuente que los inversores propongan estructuras de participación que, aunque parecen razonables en la fase inicial, acaban reduciendo la participación accionarial de los fundadores a niveles mínimos tras varias rondas de financiación. Para mitigar este efecto, es clave incluir cláusulas de protección anti-dilución que equilibren los intereses de todas las partes. Algunas fórmulas, como el mecanismo de full ratchet o el weighted average, pueden utilizarse de forma equilibrada para proteger el valor de la inversión sin penalizar desproporcionadamente a los fundadores ni a empleados con stock options.
Una figura que también merece atención es la del vesting, especialmente cuando se impone retroactivamente o en condiciones que no reflejan la contribución real del fundador. Establecer un plan de vesting con sentido estratégico permite alinear intereses, pero debe tener en cuenta factores como el tiempo ya trabajado, los hitos alcanzados y la retención del talento clave. Imponer cláusulas que permiten a los inversores recomprar acciones a valor nominal en caso de salida anticipada puede derivar en un desequilibrio contractual importante. Por ello, es esencial negociar un cronograma razonable de consolidación de derechos y prever mecanismos de good leaver y bad leaver bien definidos que contemplen distintos escenarios.
En contratos más complejos, como los que implican la entrada de fondos de capital riesgo o venture capital, suelen aparecer cláusulas relacionadas con el control del consejo de administración. Aunque la entrada de un inversor profesional suele ir acompañada de una profesionalización de la gestión, también puede conllevar un desplazamiento del poder de decisión. Las startups deben estar atentas a la configuración del board, procurando que los fundadores mantengan una representación significativa y que existan mecanismos de resolución de conflictos, como el voto de calidad o el arbitraje externo, que eviten situaciones de bloqueo institucional.
Un elemento clave para protegerse ante cláusulas abusivas es la debida diligencia jurídica previa a la firma del acuerdo. Contar con asesoramiento legal especializado en derecho mercantil y en operaciones de capital riesgo es una inversión crítica. Los despachos especializados no solo evalúan los aspectos técnicos del contrato, sino que también conocen los estándares del mercado y pueden detectar desviaciones que podrían pasar desapercibidas para un equipo sin experiencia previa en este tipo de operaciones. En muchos casos, las cláusulas más controvertidas no son ilegales, pero sí desproporcionadas o inusuales, lo que las convierte en puntos legítimos de negociación.
La estandarización de ciertos documentos, como el term sheet o el pacto de socios, ha ayudado a reducir los niveles de asimetría entre emprendedores e inversores. En ecosistemas como el británico, iniciativas como los modelos de la British Venture Capital Association (BVCA) han promovido buenas prácticas contractuales. En España y América Latina también se han empezado a divulgar modelos de referencia, aunque su uso no garantiza por sí solo la equidad contractual. En la práctica, los detalles que aparecen en los anexos o en cláusulas aparentemente menores pueden tener efectos jurídicos de gran calado, especialmente cuando se trata de eventos de liquidez, derechos de arrastre (drag along) o permanencia obligatoria.
Otro aspecto sensible es la interpretación de cláusulas en situaciones de conflicto. Los contratos bien redactados no solo deben prever lo que ocurre cuando todo va bien, sino especialmente cuando surgen discrepancias. Cláusulas de resolución de disputas, mecanismos de arbitraje y elección de jurisdicción son factores que muchas veces se relegan a un segundo plano, pero que resultan fundamentales si la relación entre socios se deteriora. En este sentido, la claridad en el lenguaje contractual y la previsión de escenarios adversos pueden ser la diferencia entre una solución rápida y un litigio largo y costoso.
En paralelo, el acceso a información sobre buenas prácticas contractuales ha mejorado en los últimos años. Plataformas de apoyo al emprendimiento, aceleradoras e incubadoras suelen ofrecer formación básica sobre lectura de contratos, negociación de term sheets y evaluación de cláusulas de riesgo. Sin embargo, sigue existiendo una brecha entre la formación generalista y el conocimiento técnico necesario para interpretar contratos de inversión complejos. Por ello, algunas startups han comenzado a integrar perfiles legales desde fases tempranas del proyecto, no como un coste añadido, sino como un activo estratégico para proteger sus intereses en fases críticas de crecimiento.
Además de la prevención contractual, resulta esencial construir relaciones de confianza con los inversores desde el inicio. La transparencia mutua y la voluntad de alinear expectativas a largo plazo son factores que influyen tanto como las condiciones legales. Muchos conflictos asociados a cláusulas abusivas surgen no solo por el contenido del contrato, sino por la falta de comunicación o la ruptura de la relación de confianza entre fundadores e inversores. En este contexto, establecer mecanismos de seguimiento periódico, compartir información de forma proactiva y mantener un equilibrio entre ambición y realismo contribuye a reducir el riesgo de fricciones.
En última instancia, protegerse ante cláusulas abusivas no implica rechazar la inversión ni desconfiar del inversor, sino asumir con madurez que el capital entra en la empresa con derechos y obligaciones que deben ser equilibrados. La negociación de los términos no es una batalla de poder, sino un ejercicio de gobernanza anticipada que influye directamente en la sostenibilidad del proyecto y en la salud del ecosistema emprendedor. A medida que el mercado madura, se espera una evolución hacia modelos contractuales más justos y transparentes, donde el crecimiento de la startup no se vea condicionado por cargas contractuales desproporcionadas. La profesionalización en este ámbito no solo protege a los fundadores, sino que también mejora la calidad de las inversiones, reduce la conflictividad y fortalece la confianza mutua que debería sustentar cualquier pacto de inversión.
