Por Redacción - Sep 14, 2026
La concentración de amenazas cibernéticas en las infraestructuras financieras ha situado a la banca en el centro del nuevo mapa de riesgo digital. Durante el ejercicio de 2025, el Instituto Nacional de Ciberseguridad atendió un total de 401 incidentes dirigidos a operadores esenciales e importantes. De este volumen global, un 34 por ciento se focalizó específicamente en el ámbito bancario, superando la presión registrada en áreas estratégicas como el transporte, la energía, las infraestructuras de mercados financieros, las entidades aseguradoras y los fondos de pensiones. Estas cifras se enmarcan en un escenario global donde el organismo estatal llegó a gestionar 122.223 incidentes de ciberseguridad a lo largo del año, lo que supuso un incremento del 26 por ciento respecto a los datos contabilizados en 2024. Paralelamente, la actividad delictiva en la red mostró una dimensión notable al alcanzar los 45.445 casos de fraude en línea y registrar 25.133 eventos vinculados a maniobras de engaño por suplantación.
Esta realidad queda plasmada en las conclusiones del informe ejecutivo Ciberresiliencia 2026, elaborado por la consultora tecnológica Qaracter, especializada en el ámbito financiero y asegurador. La investigación sostiene que la ciberseguridad ha dejado de ponderarse exclusivamente por la cantidad de ataques interceptados con éxito, pasando a medirse por la capacidad estructural de las organizaciones para resistir, reaccionar y recuperar la confianza de sus usuarios tras un fallo. El análisis parte de la premisa de que sufrir un impacto cibernético ha dejado de ser una eventualidad remota para convertirse en una variable habitual de la gestión operativa. En la actualidad, las consecuencias de un fallo trascienden el mero compromiso de archivos sensibles, reflejándose en paradas de servicio, interrupción en la atención a los clientes, afecciones en la cadena de suministradores y un paulatino desgaste de la reputación corporativa.
La intensa digitalización del sector ha transformado la aplicación móvil bancaria en una infraestructura básica de relación y operativa. Según los datos del barómetro sobre tendencias digitales elaborado por la misma firma, un 95 por ciento de los usuarios dispone de la aplicación de su entidad principal instalada en sus dispositivos y un 85 por ciento la utiliza de forma habitual cada semana. Esta elevada dependencia convierte a la plataforma en un activo crítico donde cualquier alteración técnica, suplantación o caída del servicio repercute directamente en la estabilidad operativa. Aunque este ecosistema aporta agilidad y eficiencia, también redistribuye los canales de riesgo mediante técnicas de ingeniería social, mensajería fraudulenta, llamadas maliciosas, páginas clonadas y suplantaciones avanzadas. Se produce así una situación paradójica en la que cerca del noventa por ciento de los clientes afirma sentirse muy seguro al operar por vías digitales, a pesar de que la exposición real exige canales de alerta y reporte mucho más visibles.
Uno de los cuellos de botella identificados en la gestión del fraude reside en el comportamiento del usuario posterior a la detección de la amenaza. Entre aquellas personas que sufrieron un intento de suplantación bancaria, un 51,4 por ciento optó por no notificar el suceso a su entidad financiera, limitando la capacidad de aprendizaje del sistema y reduciendo las probabilidades de una contención temprana. Los especialistas señalan que la gestión del riesgo solo es completa cuando el cliente dispone de vías claras para emitir la alerta y la entidad logra integrar esa señal dentro de sus modelos de protección. En esta ecuación, la atención prestada por personal humano mantiene un valor determinante para gestionar los momentos de crisis. Un 44,6 por ciento de los usuarios manifiesta su preferencia por recibir una llamada directa de un profesional ante un incidente grave y un 40,4 por ciento prioriza la interacción por chat con un operador, relegando el uso de asistentes virtuales automatizados a un 15 por ciento de las preferencias.
La evolución del marco normativo europeo está acelerando la transición desde el cumplimiento formal hacia la verificación práctica de los controles internos. Normativas como DORA, NIS2, Basilea III y PSD3 imponen a las entidades la obligación de justificar de manera continuada su capacidad de respuesta operativa. En el caso concreto de DORA, se exigen marcos rigurosos para auditar la resistencia de los sistemas informáticos y evaluar a los proveedores tecnológicos críticos, mientras que NIS2 amplía los niveles de exigencia a dieciocho sectores estratégicos y responsabiliza directamente a los órganos de administración. Por su parte, Basilea III profundiza en la medición del capital vinculado al riesgo operativo y PSD3 refuerza los mecanismos de autenticación y protección del consumidor en el entorno de los pagos digitales. Este conjunto de exigencias legales confirma que la innovación tecnológica solo resulta viable si se acompaña de pruebas objetivas de control y proporcionalidad.
De cara al horizonte de 2026, la madurez del modelo de protección descansará en cuatro ejes fundamentales representados por la inteligencia artificial, los seguros especializados, la capacitación del talento y la supervisión de terceros. El uso de algoritmos avanzados facilitará la identificación inmediata de patrones anómalos y la prevención del fraude, siempre que se garantice una supervisión humana constante y la custodia estricta de los datos procesados. Por otro lado, la contratación de pólizas de ciberriesgo pasa a concebirse como una herramienta para gestionar el riesgo residual, condicionada a la acreditación previa de autenticación multifactor, copias de seguridad verificadas y planes de continuidad probados. Finalmente, la necesidad de perfiles profesionales capaces de integrar negocio, tecnología y regulación se combina con la supervisión de la cadena de suministro global. La capacidad de limitar la exposición, encajar los imprevistos y reaccionar con solvencia se consolida como el factor diferencial de competitividad en la gestión de servicios financieros.
