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Hace unos días me entrevistaron en la radio y a micrófono cerrado durante la publicidad me preguntaron por qué el gobierno no había promulgado aún la ley de Emprendedores. Mi respuesta fue: “porque no es prioritaria”. Los que estaban allí se me quedaron mirando como si me hubiese comido una lata de berberechos en mal estado. No tuve ocasión de dar mis razones entonces así que aprovecho ahora para explicarme.
Para el gobierno español, lo único prioritario a día de hoy son las políticas económicas que consigan una de estas dos cosas: (1) aumentar ingresos, principalmente vía impuestos; y (2) reducir gastos, los famosos recortes.
La ley de emprendedores no es prioritaria pues no hace (1) ni por supuesto (2). Al revés, según Cristóbal Montoro la ley de emprendedores que están preparando será tal que “los beneficiarios tendrán incentivos fiscales para crear empresas que permitan generar empleo”. Los beneficios fiscales para crear empresas o empleo no sirven para nada, como ya expliqué aquí.
Por otro lado también dicen que la nueva ley otorgará otros beneficios fiscales a los business angels, lo cual es justo. Pero tampoco esto servirá de mucho pues la razón por la que no tenemos business angels no es fiscal, sino ésta que expliqué aquí.
Total, que si la ley es la que dicen esto será como la subida al trono de Fernando VII. Tocará lamentarse dentro de un tiempo cuando oigamos a los plañideros de siempre decir que se hizo lo que se pudo pero no sirvió de nada.
Ahora bien, a los economistas nos acusan de ser buenos en la crítica y malos en la presentación de propuestas. Así que hoy voy a presentar una. ¿Cómo podría ayudar verdaderamente el gobierno a los emprendedores?
La respuesta es sencilla: con políticas que les permitan conseguir financiación. Ésta puede provenir de fondos propios (business angels, fundamentalmente) o ajenos (deuda). En el primer caso no podemos obligar a nadie a invertir en startups, y además, por mucho incentivo fiscal que se dé a los business angels, que no los dan por cierto, necesitaremos muchos años para conseguir una masa crítica de ellos que pueda sostener la barraca.
Vayamos al segundo, el acceso al crédito. La gran dificultad radica aquí en el riesgo percibido al emprendedor (el 70% de las empresas no llega al cuarto año de vida, según La Caixa). ¿Puede el gobierno hacer algo para mitigar esto? Sí. Voy a darles una idea.
En lugar de la reducción temporal de cuotas sociales que no vale para nada, pongamos una disminución de la cuota líquida del impuesto de sociedades igual a las aportaciones que se hagan al capital de sociedades de garantía recíproca dedicadas a startups con menos de "x" años de vida (mediando todos los cambios legislativos para que ello sea posible). Para que a las empresas le resulte más atractiva esta aportación que pagar el impuesto de sociedades podría estipularse el pago de un pequeño interés sobre ese capital invertido, de manera que recuperase con los años una parte de éste (con el impuesto no recuperan nada).
Estas sociedades de garantía recíproca, ahora muy reforzadas, podrían proporcionar avales a los emprendedores, que a su vez podrían acceder a determinadas ayudas públicas o créditos bancarios. En otras palabras, conseguimos que el tejido industrial colabore con sus beneficios en la creación de más tejido industrial. Empresarios ayudando a emprendedores (y ayudándose a sí mismos pagando un poco menos de impuestos).
Otra alternativa consistiría en la misma reducción de base imponible de sociedades a las aportaciones al capital de startups (aquí vale la base imponible, pues el capital no se pierde) aunque en este caso cabría la corruptela de que la gran empresa cree sus propias startups para quedarse con los impuestos. Habría que controlar las inversiones, pero esta medida también funcionaría, pues ampliaría la base de socios financieros con socios industriales metidos a financieros.
¿Cuál es el problema de esto? Que vulneramos el principio (1) que expuse anteriormente. Esta política no aumenta ingresos del Estado, sino al contrario, los reduce al disminuir a corto la factura de sociedades. Ciertamente hubiese sido una política óptima si el gobierno anterior la hubiese puesto en práctica antes de 2008 cuando aún había superávit.
En todo caso, si el Partido Popular hiciese unos números, yo estoy seguro de que mi medida tendría un efecto multiplicador, y la reducción de ingresos de sociedades podría compensarse más rápidamente que las deducciones sociales que proponen actualmente y que, insisto, no van a crear nunca empleo estable.
Si algún amable lector conoce a algún jerifalte del PP que le hable del tema. Quizá estemos a tiempo.
