Hace exactamente 2 meses, el 28 de marzo, publiqué mi última columna en este medio; “Más pacientes para las UCI en tiempos de coronavirus: Las pymes en Colombia”. Para ese momento el país se encontraba iniciando lo que fue denominado por el Gobierno Nacional como “Aislamiento preventivo obligatorio”, una serie de medidas que buscaron llevar a la mayor cantidad posible de ciudadanos a pasar esta contingencia sanitaria en casa.
La de Colombia, no dista de las medidas establecidas en muchos países del mundo para hacerle frente al COVID-19 y mantener un aislamiento social que permitiera aplanar la curva de propagación del virus y darles oportunidad a los servicios de salud de prepararse para el peor de los escenarios. Una de las consecuencias generalizadas de estas restricciones ha tenido que ver con la desaceleración económica, toda vez que gran parte del aparato productivo tuvo que parar ya que al ser considerado industria no esencial debía someterse al aislamiento, desencadenando lo que los analistas ya advertían y que de alguna forma se intentó aproximar la columna anterior.
Los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, encargado en Colombia de medir, entre otras, el desempleo, mostró un deterioro dramático en ese indicador al registrar el peor comportamiento de la última década. En plata blanca esto ha significado alrededor de 290.000 personas que se suman a los desocupados, aumentando la cifra a 2,9 millones de residentes colombianos sin un puesto de trabajo.
La tasa de desempleo del 12,6% presentada por el DANE, si bien refleja la metodología de la recolección de la información, ha sido interpretada con algo de escepticismo por muchos ya que su corte es al mes de marzo, justo cuando se iniciaba con las medidas de aislamiento. Es muy probable que en la siguiente medición de este indicador veamos cifras al alza considerando que en encuestas publicadas por la Cámara de Comercio de Bogotá y por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los empresarios indicaban que, sin operar en sus unidades productivas, solo tendrían caja para atender 1 mes y 1,5 meses de salarios, respectivamente, a sus empleados durante la contingencia.
Si bien Colombia cuenta con un esquema de protección al cesante, producto de un esfuerzo en ese sentido por la administración pasada de Juan Manuel Santos Calderón, las agencias responsables de estos auxilios, las Cajas de Compensación Familiar, tuvieron que alzar la voz para que el Gobierno Nacional les permitiera algunas excepciones en las restricciones de administración financiera que tienen para poder garantizar la escalada de solicitantes de este beneficio.
Pero no solo los empleados se han visto afectados; las empresas por su parte la han tenido bastante difícil; de hecho para inicios del mes de abril, cuando aun no se tenían alivios claros por parte del Gobierno Nacional, organizaciones gremiales como la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO indicaba que el 90,5% de los comerciantes manifestaron reducción drásticas en sus ventas, mientras que el 72,1% las calificaba de alarmantes; por su parte la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, indicaba que alrededor del 20% de las MIPYMES se verían obligadas a cerrar, solo en Bogotá; por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la asociación empresarial más grande del país, la ANDI, ya hablaba de cierre masivo de empresas por falta de liquidez.
En ese sentido, la Superintendencia de Sociedades, para mediados del mes de abril, inició una serie de modificaciones para flexibilizar y acelerar los tiempos de la Ley de Insolvencia Financiera, más conocida como la ley de quiebras, un instrumento para renegociar las obligaciones financieras de las empresas y continuar operando. Todo esto luego de indicar que si debido a la contingencia del COVID-19 la economía colombiana se contraía en un 1,9% para el año 2020, unas 2.676 empresas tendrían que acogerse a esta ley duplicando el número actual de compañías que se encuentran cobijadas con este proceso.
Luego de esto, el Gobierno Nacional anunció un paquete de ayudas al sector productivo que le permitiría hacer frente a la contingencia y mantener los empleos, anuncio que generó muchas expectativas en el sector empresarial de cara a lo que significaría la proyección del negocio; sin embargo, con lo que se encontraron los empresarios fue con unas líneas de crédito y una articulación de diversas agencias estatales que prometían facilitar el acceso a estos recursos.
Una medida poco ambiciosa y bastante alejada de la realidad empresarial al considerar que muchas empresas ya se encontraban en incapacidad de atender las obligaciones financieras ya adquiridas como para tener que aumentar el endeudamiento con el ánimo de sobrevivir. Aún así, este mecanismo aún continúa operando y las líneas de crédito aun cuentan con recursos para colocar.
A pesar de esos esfuerzos, statista coloca a Colombia en una posición bastante mediocre al considerar el valor de los paquetes de estímulos implementados para intentar reactivar la economía en otros países de América.
Cabe anotar que la infografía anterior no considera el ultimo salvavidas que el Gobierno Nacional le lanzo a las empresas, al anunciar un subsidio del 40% de un salario mínimo a la planta de personal de las organizaciones que cumplan los requisitos para acceder a este beneficio; un paquete mucho más ambicioso y mucho mas esperanzador en la opinión de los empresarios.
Aun así, deja mucho que desear la timidez con la que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, viene reaccionando a las necesidades del tejido empresarial colombiano y en especial a las MIPYMES del país; medidas como las de las líneas de crédito pueden ser imposibles para estas organizaciones si se considera el alto riesgo con el que son calificadas por el sector financiero y que ya traen un endeudamiento que posiblemente no podrán atender. Igualmente, el subsidio a la nómina pudo haber llegado tarde para muchas de ellas que han tenido que despedir a sus empleados y tal vez iniciar su proceso de cierre.
Es mucho más lamentable, cuando se observa que, a nivel territorial, como en el municipio de Envigado, se toman medidas mucho más ambiciosas y con un papel por parte del gobierno municipal mucho más protagónico. Solo basta con observar que con antelación a los “paquetes” propuestos por el Gobierno Nacional, la ciudad de Envigado puso a disposición de los microempresarios de su jurisdicción una línea de crédito, en donde la ciudad asume el interés, actúa como garante del crédito y entrega amplios periodos de gracia y amplios periodos de pago para el capital, único rubro que tendría que asumir el empresario.
En Colombia estamos a ad portas de finalizar con el aislamiento obligatorio y pasar a una fase denominada aislamiento inteligente; una fase que permitirá la reactivación económica progresiva del aparato productivo… por lo menos de quienes lograron sobrevivir.
PD: Al finalizar esta columna, conversé con mi gran amigo Alejandro Serrano Arias, miembro del staff directivo de una compañía colombiana con presencia en Perú y me indicó que el actual paquete de estímulo a la economía Inca es del 12% y no del 9% como lo registra la infografía de STATISTA. Colocando a Colombia en un escenario menos ambicioso del que se había contemplado.
