Por Redacción - Febr 23, 2026
La administración pública española ha cerrado el ejercicio de 2025 consolidando una tendencia expansiva sin precedentes en la última década, transformando la licitación en una palanca de crecimiento fundamental para el tejido empresarial. Según los datos analizados en la fecha actual, 23 de febrero de 2026, el volumen de gasto comprometido a través de concursos públicos ha experimentado un incremento del 32,3% respecto al año anterior, situándose en la cota de los 180.600 millones de euros. Este salto cuantitativo no solo refleja una mayor capacidad de ejecución por parte de las instituciones, sino también una determinación clara por modernizar las infraestructuras y servicios esenciales mediante una colaboración público-privada que ha movilizado 169.700 contratos a lo largo de los últimos doce meses. La robustez de estas cifras indica que el sector público se ha erigido como el principal generador de certidumbre para compañías que buscan estabilidad en sus carteras de pedidos a largo plazo.
El análisis pormenorizado de la actividad contractual revela que la tipología de los acuerdos ha evolucionado hacia una mayor sofisticación tecnológica y de servicios. El segmento de los servicios ha liderado la convocatoria con casi 75.000 concursos, seguido por el suministro de bienes y la ejecución de obras, que juntos suman una parte sustancial de la inversión. Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España, destaca que este periodo se ha consagrado como el de mayor inversión en adjudicaciones de los últimos siete años, lo que supone un refuerzo estratégico para sectores que tradicionalmente han dependido de la agilidad institucional. Esta eclosión de contratos ha permitido que la licitación no sea vista únicamente como un proceso administrativo, sino como una herramienta de cohesión económica que permea en la innovación y el empleo cualificado en todo el territorio nacional.
La geografía de la inversión en España presenta una concentración notable en tres comunidades autónomas que actúan como locomotoras de la contratación pública. Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid aglutinan prácticamente la mitad de la inversión total del país, sumando entre las tres casi el 50% del presupuesto nacional destinado a concursos. Cataluña encabeza este ranking con una gestión que supera los 39.200 millones de euros distribuidos en más de 28.000 licitaciones, lo que representa una quinta parte de todo el esfuerzo inversor estatal. Este liderazgo se explica en gran medida por la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura vinculados a la transformación digital y la gestión de infraestructuras críticas que requieren un soporte técnico y financiero constante.
Por su parte, Andalucía y Madrid mantienen una pugna cercana por el segundo puesto en volumen de inversión. La región andaluza ha movilizado más de 23.000 millones de euros en un volumen de concursos que supera los 27.000, demostrando una capilaridad administrativa que llega a todos los niveles de la gestión local y regional. Madrid, con una inversión superior a los 27.500 millones de euros, destaca por la elevada cuantía media de sus contratos, centrados a menudo en servicios centrales y suministros estratégicos de alta especialización. Fuera de este triángulo principal, la Comunidad Valenciana y el País Vasco también muestran cifras de relevancia con inversiones que superan los 11.800 y 9.400 millones de euros respectivamente, evidenciando que el interés por la licitación pública se extiende de forma sólida por las regiones con mayor peso industrial y de servicios.
La naturaleza de los contratos más cuantiosos firmados durante 2025 pone de manifiesto las prioridades actuales de la administración, donde la digitalización y el soporte técnico especializado han pasado a ocupar un lugar preferente. El ejemplo más ilustrativo es la licitación para potenciar el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Barcelona, un contrato que supera los 6.500 millones de euros y que se posiciona como la adjudicación más ambiciosa del ejercicio. Esta apuesta por las soluciones TIC, que ya representan el 10% del total de las licitaciones, responde a la necesidad de actualizar los sistemas críticos de la administración pública y fomentar el desarrollo de centros de datos que den soporte a la creciente demanda de servicios digitales.
No obstante, la construcción de viviendas sigue siendo el sector con mayor peso específico en la licitación, concentrando casi el 20% de los concursos convocados. Este enfoque en la edificación residencial refleja una respuesta institucional a la demanda social de vivienda, convirtiéndose en un refugio para las empresas constructoras que han sabido adaptar sus procesos a los requerimientos de eficiencia energética y sostenibilidad exigidos en los pliegos actuales. Junto a la vivienda, el sector sanitario mantiene una relevancia sostenida con un 7,7% de los contratos, destacando acuerdos marco para el suministro de medicamentos y equipamiento médico que garantizan la operatividad del sistema de salud en periodos de alta demanda. Incluso áreas como la defensa han recobrado protagonismo, con inversiones millonarias en sistemas de artillería que subrayan la importancia de la autonomía estratégica en el contexto actual.
El incremento en la transparencia y el volumen de datos generados por estas 169.700 licitaciones ha impulsado la necesidad de utilizar herramientas analíticas avanzadas para identificar oportunidades de negocio de manera eficiente. Firmas tecnológicas como DoubleTrade han facilitado que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a un mercado que históricamente parecía reservado a las grandes corporaciones. La capacidad de analizar licitaciones previas, entender los presupuestos de licitación frente a los de adjudicación y monitorizar la actividad de la competencia se ha vuelto esencial para cualquier compañía que aspire a formar parte de este motor económico. La profesionalización de la prospección comercial en el ámbito público permite que la inversión de 180.600 millones de euros se distribuya de forma más competitiva, fomentando una concurrencia que beneficia directamente al contribuyente mediante una mejor relación calidad-precio en los servicios recibidos.
La tendencia para los próximos meses apunta a que la licitación pública seguirá siendo el principal estabilizador de la economía española, especialmente en un contexto donde los fondos europeos y los planes nacionales de recuperación exigen una ejecución ágil y precisa. La diversificación de los contratos, que abarcan desde estudios e informes técnicos hasta suministros energéticos masivos, garantiza que empresas de prácticamente cualquier actividad encuentren un nicho donde aportar valor. Este ecosistema de contratación no solo asegura la continuidad de grandes proyectos de infraestructura, sino que también fomenta la innovación en servicios de mantenimiento y operación, asegurando que el gasto público no sea solo una cifra en un balance, sino una inversión real en el bienestar y la competitividad del país a largo plazo.
