Los economistas piden una política común en la UE contra el coronavirus

El Consejo General de Economistas (CGE) ha emitido un segundo comunicado en relación con las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Los analistas del CGE “apoyan” el paquete publicado hoy en el BOE para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Sin embargo, plantean una serie de propuestas para completar dichas medidas, al tiempo que reclaman una “política fiscal y financiera común” en la Unión Europea. Si no la recuperación será mucho más lenta”.

Valentín Pich, presidente del consejo, valora positivamente la actuación específica del Gobierno, que “no puede estar al albur de las decisiones de la UE”. No obstante, tras el análisis de las medidas presentadas, el CGE plantea propuestas de “urgencia” económica para mantener la normal actividad de profesionales y empresas. Se trata de más de 20 puntualizaciones y planteamientos, distribuidos en las diferentes áreas de acción: laboral, fiscalidad, finanzas, empresas y auditoría.

A nivel laboral, el CGE destaca la necesidad de “exonerar” temporalmente del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social (art. 24) a las empresas que, en estas circunstancias excepcionales, “siguen manteniendo un razonable nivel de actividad y el empleo de sus trabajadores”. Lo mismo reclama para la cuota de autónomos durante la duración del estado de alarma. Y aboga por unificar la documentación y establecer una “comisión representativa” de cara a los posibles ERTEs. Para evitar fraudes y “avalanchas”.

También recogen tres pautas relacionadas con posibles prestaciones. Una para los trabajadores que estén al cuidado de niños o dependientes y que no puedan teletrabajar. Otra opción para suspender temporalmente la obligación del registro laboral durante la situación excepcional del momento. Y ayudar al autónomo, que necesita que su facturación sea inferior a un “demoledor” 75% para percibir su ayuda, según el RD-Ley 8/2020.

Confusiones y menos burocracia

En materia fiscal, el CGE ve como “buena” la posibilidad de aplazar de manera ágil, hasta 30.000€, los importes a ingresar resultantes de las próximas autoliquidaciones. Pero recuerda que a las pymes esto puede suponerlas “un problema” por la dificultad para elaborar dichas autoliquidaciones con información fiable. Y tildan de “redacción confusa” a la norma en cuanto a la ampliación de plazos de procedimientos tributarios. En lugar de ampliarse de manera general, sólo se amplían algunos, lo que precisa de “aclaraciones”.

En el ámbito financiero, los economistas piden también que se clarifique la metodología de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y avales públicos. A su parecer, debe haber un procedimiento ágil y distinto al cauce habitual de solicitudes de financiación. El objetivo es “aliviar al máximo la burocracia administrativa” para que las empresas, en especial las pymes, acusen falta de liquidez; podría llevar a una “insolvencia sobrevenida”.

Del mismo modo, hacen evidente la falta de una formulario estandarizado para solicitar la moratoria de deuda hipotecaria. Así como la “flexibilización de las condiciones” para otro tipo de contratos de préstamo similares a las pactadas para las explotaciones agrarias en situaciones de sequía.

Pymes “estigmatizadas”

Por otro lado, recuerdan la importancia de “dejar muy claro” el procedimiento de obtención de los avales para empresas y autónomos. Deberá existir un comité que tenga en cuenta las circunstancias insólitas que se viven, y que la ayuda permita afrontar: impagos y problemáticas por el coronavirus; el aplazamiento de deuda de corto a largo plazo; y la opción de dinero “nuevo” para poder seguir operando. Se trata de tener en cuenta tanto la situación actual y la futura, y que el aval no sirva únicamente para “refinanciar” deudas.

Respecto a la temática empresarial, el CGE entiende que se podría “extender” la moratoria concursal, pactada para dos meses tras el fin del estado de alarma. Ya que la crisis podría alargarse, se evitaría que múltiples empresas tuvieran que declararse de forma obligatoria en concurso de acreedores en los próximos meses. También critican el tratamiento dado a las pymes exportadoras en el Real Decreto que se encuentran en preconcurso o concurso de acreedores. Dichas empresas no podrán beneficiarse de líneas de crédito, lo que las “estigmatiza indebidamente”, señalan los economistas.

Por último, el comunicado señala dos aspectos que echan en falta en el artículo 40 sobre la verificación contable de cuentas del ejercicio anterior. Primero, “debería contemplarse también la situación en la que las cuentas anuales se formulen durante el periodo del estado de alarma y que igualmente se otorgue el plazo adicional de dos meses, para la verificación de dichas cuentas, desde que finalice dicho estado de alarma”. Y consideran que también debería contemplarse la misma situación para las auditorías “voluntarias”.