Los economistas proponen casi 50 medidas para reactivar la economía tras la crisis

Dibujar el escenario en el medio plazo, cuando la pandemia empiece a quedar atrás. Es el objetivo del Consejo General de Economistas de España (CGE), que ha planteado este miércoles una batería de 46 propuestas para reconstruir “el deterioro social y económico”. Cambios normativos en el IS, el IRPF o el IVA, flexibilizar el ERTE de fuerza mayor o ampliar la moratoria en la devolución de los préstamos a pymes y autónomos afectados por el coronavirus, aparecen recogidas. Urgencias para reactivar la economía “una vez superemos la crisis sanitaria”.

Toda una declaración de intenciones el mismo día que se publica en el BOE el Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas en la Administración de Justicia frente a la COVID-19. Según el CGE, este nuevo RDL “tendrá una gran incidencia en el ámbito de las insolvencias empresariales”. Y deja fuera cuestiones importantes “que podrían ayudar a reflotar a muchas empresas y particulares ante la avalancha de concursos que se avecina” por la influencia del virus.

Las pymes y el empleo se llevarán la peor parte. Y si a seso añadimos el peso del turismo, la hostelería, una población envejecida y una “mala posición financiera de partida”, no pinta bien. Por ello, los economistas señalan que “no todo se puede dejar al albur de las decisiones de Bruselas” y debemos hacer frente a los grandes lastres con los que habrá que cargar en España, como el 15% de déficit que podría traer este 2020.

Para pymes y autónomos

Dentro del área concursal-mercantil, los expertos echan de menos alguna referencia a procedimientos específicos para pymes, micro pymes y autónomos. Como recoge el comunicado, el nuevo RDL hace una mención “testimonial” en la Exposición de Motivos. Y recuerda que, “ahora más que nunca”, la Ley Concursal debería cambiar, pues está pensada ·para medianas y grandes empresas” que representan menos del 1% en España.

Entre las medidas laborales, el CGE recoge algunas pautas para favorecer “la vuelta al trabajo con garantías de salvaguarda del empleo”. También para que “minimicen el coste empresarial y permitan una progresiva recuperación de la economía”. Plantean cambios como permitir que los autónomos coticen en función de su facturación. O flexibilizar las condiciones exigidas para los ERTES de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes.

Por otro lado, abogan por considerar una reducción de ingresos del 50% en la facturación como suficiente para recibir la prestación por cese de actividad. Así como en la tramitación del ERTE por causas económicas (“estableciendo la comparación del mes de la incidencia, no el anterior”). Además, defienden eximir de la cotización y pago de las cuotas de autónomo durante los dos primeros años de actividad (…) a aquellas actividades de base tecnológica.

“Debe tenerse en consideración que las actividades de base tecnológica, en sus primeros años de actividad, sus ingresos son limitados o nulos, puesto que están centrando sus esfuerzos en la puesta en marcha de su proyecto” explican desde el consejo.

Préstamos y morosidad

Entre las principales defensas del CGE en materia financiera está la flexibilización de las condiciones de préstamos y créditos, en vigor o nuevos, para pymes y autónomos afectados por la COVID-19. Se trata de ampliar la moratoria en la devolución de los préstamos –sean o no hipotecarios–, así como el periodo de amortización, con objeto de reducir el importe de las amortizaciones de estos, desgranan los economistas.

También pretenden regular los múltiples contratos de arrendamiento financiero “igual que se hizo en la anterior crisis”, aunque en materia fiscal. Es decir, aplicar la Disposición transitoria trigésimo-cuarta de la LIS para seguir aplicando “el régimen aunque (…) la parte de las cuotas de recuperación de coste del bien sea constante o creciente (art. 106.4) en el caso de contratos suscritos en 2019 o en ejercicios anteriores”.

Además, sugieren “ampliar la línea de avales” aprobada en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020 a los autónomos y pymes. Es decir, aquellos con contrato de arrendamiento de un inmueble que utilizan para su actividad económica en situación de vulnerabilidad. Igualmente, creen conveniente permitir acceso a la financiación ICO a las organizaciones que estén en situación de morosidad. Ya sea por deudas no materiales o en procedimientos concursales (con las excepciones que tiene la ley).

El objetivo es “estimular el salvamento y la reflotación de las empresas, particularmente pymes, limitando y evitando su liquidación”, justifican. También subrayan la opción de “potenciar” mecanismos de inversión como Venture Capital, Business Angels. Y de financiación colectiva como crowdlending o crowdfunding.