Por Redacción - Ene 9, 2026
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desglosado este 9 de enero de 2026 una propuesta que aspira a transformar la estructura económica de las comunidades autónomas españolas. Este nuevo modelo, diseñado para entrar en vigor en 2027, proyecta una inyección adicional de 20.975 millones de euros respecto al sistema vigente, elevando la cifra total de recursos distribuidos hasta los 224.507 millones de euros. El objetivo central de esta reforma no es solo el incremento cuantitativo de los fondos, sino la consolidación de un sistema que garantice la equidad en la prestación de servicios públicos fundamentales, como la sanidad y la educación, independientemente del código postal del ciudadano. A través de este mecanismo, el Ejecutivo busca reducir significativamente las brechas de financiación por habitante, que pasarían de los 1.500 euros actuales a unos 700 euros tras los ajustes de equilibrio, logrando así una mayor cohesión social en todo el territorio nacional.
Uno de los pilares fundamentales de esta actualización radica en la redefinición de la población ajustada, un indicador que determina el reparto de fondos basándose en las necesidades reales y los costes efectivos de cada región. La nueva metodología abandona criterios simplistas para abrazar una estratificación mucho más precisa, especialmente en el ámbito sanitario, donde se pasa de siete a veinte grupos de edad para reflejar con exactitud el gasto que supone el envejecimiento. Del mismo modo, el ámbito educativo incorpora variables innovadoras, como el coste de acoger a estudiantes universitarios de otras regiones, reconociendo el esfuerzo financiero de las comunidades receptoras. Este enfoque se extiende también a los servicios sociales, donde por primera vez se tiene en cuenta el volumen de desempleados sin prestación como un indicador directo de vulnerabilidad y exclusión social, permitiendo que la ayuda pública llegue con mayor eficacia allí donde la necesidad es más acuciante.
La propuesta ministerial apuesta decididamente por una mayor soberanía fiscal y corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Para ello, se contempla un incremento en la cesión de los grandes impuestos estatales: el tramo del IRPF que queda en manos de las comunidades sube del 50% al 55%, mientras que el IVA alcanza el 56,5%. Además de estas cifras, el modelo introduce incentivos directos al desarrollo empresarial local mediante el mecanismo de IVA para pequeñas y medianas empresas. Esta medida permite a las regiones recibir una parte de la recaudación generada por las pymes en su territorio, fomentando que las administraciones autonómicas se conviertan en aliadas activas del tejido productivo. Complementariamente, el sistema integra ahora tributos que antes quedaban fuera del cómputo principal, como Patrimonio o los impuestos sobre depósitos bancarios y residuos, otorgando una visión más completa y robusta de la capacidad tributaria regional.
La solidaridad interterritorial se refuerza mediante un doble mecanismo de nivelación. Por un lado, la nivelación horizontal asegura que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos, corrigiendo las desviaciones producidas por la diferente capacidad de recaudación. Por otro lado, la nivelación vertical se manifiesta a través de una aportación extraordinaria de la Administración central de 19.000 millones de euros, destinada a reducir drásticamente la distancia respecto a la región con mayores recursos. Este compromiso del Estado se completa con una cláusula de protección denominada statu quo, la cual garantiza por ley que ninguna comunidad autónoma percibirá menos ingresos de los que obtenía con el modelo anterior, proporcionando una red de seguridad financiera esencial para la planificación presupuestaria a largo plazo.
Finalmente, el nuevo marco no ignora las urgencias del siglo XXI y la diversidad geográfica de España. Se establece un fondo climático dotado con 1.000 millones de euros, destinado prioritariamente a las comunidades del litoral mediterráneo para mitigar los efectos del calentamiento global, mientras que el resto de las regiones recibirán apoyo bajo criterios de población ajustada. En términos de gestión, Hacienda propone una transición hacia un sistema de caja compartida para el IRPF, buscando que los ingresos lleguen a las arcas autonómicas de forma simultánea a la estatal, evitando las esperas de hasta dos años en las liquidaciones definitivas. Esta modernización administrativa, sumada al reconocimiento de costes fijos y variables por dispersión o insularidad, configura un modelo que intenta conciliar la eficiencia económica con la sensibilidad hacia las particularidades de cada territorio.
