La última reforma laboral de Sánchez por el COVID-19 enfurece a los empresarios

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros acordó este viernes, con la desaprobación de las patronales CEOE y Cepyme, un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Se trata de una norma de carácter complementario, que clarifica algunos efectos y consecuencias del Real Decreto-ley 8/2020 y que establece nuevos contenidos dirigidos a asegurar una mejor cobertura y una más eficaz aplicación de lo allí establecido. También establece medidas específicas para algunos sectores de actividad y configura un sistema más ágil para la contratación pública durante la crisis sanitaria.

El acuerdo fija el mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de cuidado de mayores y dependientes; se establece que son servicios esenciales, que deben mantener su actividad durante la situación de crisis sanitaria, tanto si son públicos como si son privados, los centros sanitarios y de atención de mayores y dependientes.

Así mismo, medidas extraordinarias para la protección del empleo. Uno de los principales objetivos del Real Decreto-ley 8/2020 fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos se mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma establece que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el Covid-19.

Por otro lado, se agiliza el acceso a la prestación de desempleo y clarificándose su alcance; el presente Real Decreto-ley concreta el mecanismo para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE. Se especifica cual debe ser la documentación y como debe ser la comunicación por parte del empresario al servicio público de empleo estatal para que la prestación pueda ser reconocida lo antes posible.

Asimismo, se establece que la fecha de inicio de la prestación de desempleo será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad.

Igualmente, se refierzan los mecanismos de control. Se establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas para los ERTE. Asimismo se establece que en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, el empresario podrá ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de desempleo por los trabajadores.

Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas: Cuando la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

Por último, se establece la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades contractuales.

REACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS 

En respuesta a estas medidas, los empresarios españoles representados por CEOE y Cepyme consideran en un comunicado que “las nuevas medidas en el ámbito laboral aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo”.

“Desde CEOE y CEPYME”, prosigue el comunicado, “advertimos que, a la espera de poder conocer todos los detalles, no van en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país”.

“Además, cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado. Creemos que precisamente en estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción”, agregan.

Concluye el comunicando señalando que “queremos dejar claro que nuestra voluntad por encima de todo, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la economía y el empleo, y por ello, estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, siempre priorizando, como no podía ser de otra manera, la seguridad y la salud de los ciudadanos”.