Agustín Baeza: “Es necesario el reconocimiento de la figura de la startup en una norma legal”

La Asociación Española de Startups (AES) nació “para ser la voz de las startups”. Así lo cuenta Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de esa asociación. Comenta que “hace cinco años estaba todo por hacer. La sociedad en general tenía dificultades para identificar qué era exactamente una startup, su cultura, cómo trabajaban”.

La AES ofrece no solo une “fuerzas para influir en todos los espacios de decisión”, sino brinda también  “Servicios añadidos” como asesoría para la financiación pública, seguro médico o comunicación.

¿Cuál es el trabajo de la AES? ¿Cuáles han sido los objetivos principales a lo largo de estos cinco años?

Hace cinco años estaba todo por hacer. La sociedad en general tenía dificultades para identificar qué era exactamente una startup, su cultura, cómo trabajaban.

Somos la única asociación de ámbito estatal que representa los intereses del conjunto de las startups. Durante estos años se ha hecho un trabajo de recopilación de las demandas que estaban dispersas en el ecosistema, y después se fueron organizando y jerarquizando, y de ahí surgió la propuesta base de la ley de startups que hoy está a punto de ser una realidad.

Ese ha sido el verdadero leitmotiv de la asociación, pero también trabajamos en otros ámbitos, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea, siempre con el objetivo de mejorar la regulación para que sea más sencillo lanzar y hacer crecer startups en nuestro país.

¿Quiénes forman parte? ¿Alianzas que han establecido?

En estos momentos, son más de 500 las startups que son socias de la organización. Aspiramos siempre a más, nos gustarían que estén todas las startups españolas. Por eso también estamos trabajando para darles más valor diseñando servicios y perks adaptados a sus necesidades, que siempre son cambiantes.

Hemos establecido alianzas con varios partners con los que trabajamos para poder desarrollar nuestra misión. También con otros actores de la industria, con asociaciones de startups locales y regionales, con corporaciones y empresas, y con universidades y escuelas de negocio.

Hay mucho todavía por hacer para que el resto de la sociedad conozca y reconozca a las startups y la creciente importancia que tiene el ecosistema para el crecimiento económico, la creación de empleo y de valor para toda la sociedad.

Tras el anuncio de la inminente aprobación sobre esta Ley de Fomento de las Startups, ¿cuáles han sido las líneas de trabajo de la AES? ¿Qué espera la Asociación de esta Ley?

En primer lugar, hay que decir que el hecho de que el gobierno esté ya ultimando un anteproyecto de ley de startups es un éxito del conjunto del ecosistema que venimos trabajando desde hace varios años en pos de este objetivo.

Desde la Asociación siempre hemos abogado porque, dadas las características socioeconómicas del país, era necesaria la aprobación de una ley que reconociera la singularidad de la startup como modelo empresarial, que la definiera de una manera abierta y amplia, y a partir de ahí se diseñara un ambicioso plan de medidas concretas en lo fiscal, lo económico, el talento, la formación, etc.

Un plan que debe estar a la altura del talento emprendedor español y que permita que podamos ser competitivos con otros ecosistemas europeos y globales. Es más necesario que nunca, España no puede quedarse atrás. Somos modernamente optimistas en que pronto será una realidad.

¿Por qué el marco legal debe “adaptarse a las singularidades de las startups”?

No es tanto que el marco se adapte, pero es cierto que ni el conjunto del derecho mercantil ni la regulación de la actividad económica están pensados para un modelo empresarial como el de la startup.

Ni siquiera los mecanismos de incentivos que existen en la sociedad que, en cualquier caso, no dependen de las instituciones. Suelo decir que cuando nace una startup, al principio no es ni una empresa ni un proyecto de innovación, sino una mezcla de ambas cosas.

El trabajo de la startup durante sus primeros meses de vida consiste en encontrar el modelo de negocio que pueda hacer sostenible una idea, que tenga recorrido en el mercado.

De ahí que decimos que no parece razonable que para este tipo de modelo los emprendedores tengan que pagar cuota de autónomos societarios en los primeros meses, cuando no hay ni tan siquiera facturación.

O que se tenga que constituir una sociedad como una Sociedad Limitada -la figura más utilizada de nuestro derecho mercantil- con 3000 euros de capital. O que fiscalmente esté penalizada la remuneración de trabajadores vía stock options cuando no solo es la fórmula más sensata, sino la más racional para este modelo de emprendimiento tecnológico. O que no haya desgravaciones fiscales ambiciosas para inversores y emprendedores de startups, cuando ya podemos decir que son sectores decisivos para el cambio de modelo productivo o para crear empleos de calidad y bien remunerados. Por todo eso y muchas cosas más, es necesario el reconocimiento de la figura de la startup en una norma legal.

¿Cómo se relacionaría (o no) esta ley con la creación de un ‘sandbox’ regulatorio para las fintechs?

La ley que pone en marcha el sandbox para el sector fintech es una gran noticia para todo el ecosistema, y ahí tenemos que reconocer la enorme labor que han realizado los amigos de la Asociación Española de Fintech.

Lo que decimos es que este modelo debe extenderse al máximo número de sectores y verticales. Si queremos que exista innovación debemos evolucionar hacia modelos de regulación inteligente que, ante nuevas realidades, no apliquen la vara de medir anticuada, con lentes del pasado, sino que apuesten por la colaboración y cooperación público/privada para conocer mejor el impacto de las nuevas disrupciones tanto en las startups y sus modelos de negocio, como en la sociedad.

Y solo después de ese conocimiento y aprendizaje conjunto decidir el modelo o mecanismo regulatorio a aplicar, pues no se trata de añadir nuevas medidas burocráticas adicional a normas ya existentes, que no aportan valor, ni resuelven el supuesto problema que se ha produzco con la disrupción.

Hemos pedido en nuestra propuesta al gobierno que la ley de startups reconozca el sandbox regulatorio como el nuevo paradigma regulatorio, de tal forma que se impulse su uso en las distintas administraciones y de manera transversal a los distintos sectores y verticales de la economía.

El RGPD ha sido un marco, por el cual muchos países han apostado. ¿Esta ley de Startups pudiera ser “copiada” y adecuada a otros contextos como la Unión Europea o Latam?

Nosotros, junto a otras organizaciones de startups europeas, pedimos el año pasado por carta a la Presidenta de la Comisión, Van der Leyen, que se apostara por un modelo de Startup Nation a nivel europeo.

Es decir que hubiese un suelo regulatorio básico que fuera común para todos los países europeos, de tal forma que favorezca la internacionalización y la operativa de startups en todos los países de la Unión. Esto ya es una realidad. Los países miembros deben promover ocho ejes básicos de actuaciones para promover políticas públicas pro-startups.

¿Tienen alguna línea dentro de la AES sobre colaboración entre otras asociaciones fuera de España?

Sí, formamos parte de Allied for Startups que trabaja en ámbitos comunitarios siendo la voz de las startups ante la Comisión, el Parlamento Europeo y el conjunto de instituciones comunitarias.

También formamos parte de European Startup Network, que es una federación de asociaciones nacionales de startups en Europa que impulsa el conocimiento y el reconocimiento de las startups en los distintos países.

Y estamos comenzando a buscar sinergias con organizaciones de startups y emprendedores de América Latina, pues seguramente podemos hacer muchas cosas en común.

Recientemente, el gobierno ha aprobado una Ley Rider, ¿cuáles son las principales preocupaciones?

En primer lugar, creemos que es una ley que se ha elaborado sin la participación activa ni de las empresas sobre las cuales se estaba regulando, ni tampoco de los sindicatos mayoritarios de estos riders.

El descontento en todos ellos es mayúsculo. Se ha elaborado una ley con un supuesto fin positivo, pero con lentes del pasado, y así es difícil avanzar en materia de innovación y al mismo tiempo garantizar derechos, en este caso a los trabajadores que forman el colectivo de los riders.

En otros países, como Francia, han tenido el mismo debate y se ha avanzado creando nuevas figuras jurídicas para garantizar derechos y al mismo tiempo no penalizar la innovación en los modelos de negocio.

En segundo lugar, estamos muy preocupados por el asunto de hacer públicos los algoritmos. Si esa es la posición del gobierno en la materia, lo que pedimos es que se tenga en cuenta la opinión y se hable con las empresas del sector y con las startups que diseñan desde cero e invierten tiempo y dinero en esos algoritmos.

Agustín Baeza es economista y experto en Asuntos Públicos. Ha trabajado con empresas y gobiernos, y es profesor en varias universidades y escuelas de negocio impartiendo materias como Asuntos Públicos, Economía y Estrategia. En la actualidad asesora a Startups y empresas tecnológicas. Es además, columnista en El Español .