Ley de Startups: ¿La luz al final del túnel?

Por Óscar Fuente, Director y fundador de IEBS

La inversión en startups atraviesa en la actualidad un periodo de incertidumbre debido a la crisis del coronavirus. Como era de esperar, la pandemia ha causado una importante reducción de las cifras. Sin ir más lejos, según un informe elaborado por Startups Real, el total acumulado del primer cuatrimestre de 2020 en España fue de 200 millones de euros, casi 150 millones menos que en 2019. A pesar de esto, este estudio también destaca un dato positivo y es que, hasta el estallido de la pandemia, la inversión en startups en el país ya se había estabilizado en torno a los 1.000 millones de euros.

Por otro lado, según el Mapa del Emprendimiento 2020 de Spain Startup, el principal reto al que se siguen enfrentando las startups españolas es la necesidad de profesionalizar los mecanismos de financiación a los que recurren los emprendedores, pues la mayoría continúa apoyándose en fondos propios o en la ayuda de empresas y/o familiares para lanzar sus proyectos. Este mismo informe también señala que el acceso a más vías de financiación podría repercutir significativamente en la mejora de los ingresos de estas compañías. Aun así, la organización destaca que un 12% de startups españolas cuenta con un EBITDA positivo, una cifra superior a la del resto de Europa, que ronda un 10%.

Sin duda, el ecosistema emprendedor español se ha venido asentando estos últimos años. Se trata de una actividad económica constituida por nuevas empresas que cubren necesidades sociales y económicas y que contribuyen a la internacionalización de la economía, además de atraer una importante suma de inversión financiera y de talento extranjera y de ofrecer una salida profesional a los jóvenes.

Pero al sector startup todavía le queda un importante camino por recorrer en España si lo comparamos con otros países de nuestro alrededor. El entorno normativo en el que se desenvuelven este tipo de empresas tecnológicas no está adaptado a su modelo de negocio innovador y arriesgado que precisa de condiciones particulares.

Actualmente, su actividad se encuentra sujeta a leyes que imponen requisitos excesivamente gravosos para estas iniciativas y esto, en muchos casos, les impide llegar al éxito. Por eso, y para no quedarse atrás teniendo en cuenta la fuerte competencia internacional existente para favorecer la creación de startups, nuestro país necesita implantar diversas reformas. ¿El objetivo? Convertir España en la vanguardia europea del emprendimiento, la generación de empleo y el crecimiento económico.

Ya han pasado dos años desde que el Gobierno anunciase la creación de la llamada “Ley de Startups”. Un proyecto que llegó a estar meses en fase de consulta pública pero del que no se han conocido más avances, a pesar de que anunciaron el inicio de su trámite legislativo para su aprobación antes de diciembre del año pasado. Esta ley tiene como objetivo fomentar el ecosistema emprendedor y reconocer una naturaleza jurídica para estas empresas, compuestas por una serie de singularidades, entre las que destacan el potencial de sus modelos de negocio, la vocación innovadora y las especificidades de sus necesidades de financiación.

Aunque todavía no se ha hecho público el contenido exacto de la que se supone será la nueva Ley de Startups, para apoyar e impulsar su creación y desarrollo es necesario poner en marcha medidas concretas. Los incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como en relación con las inversiones y financiación es una de las opciones. También serían necesarios, por ejemplo, ofrecer incentivos en materia laboral, de Seguridad Social y de apoyo a la captación y fidelización del talento o a las grandes empresas para integrar la actividad de estas en su cadena de producción.

Por otro lado, otra de las dificultades con las que se encuentra un emprendedor a la hora de poner en marcha un proyecto de nueva creación es el desproporcionado volumen de cargas administrativas. En muchos casos, esto no solo entorpece el desarrollo de nuevos proyectos sino que los frena, por lo que otra de las medidas al respecto podría ser la simplificación de trámites. Además, también se estudian medidas de impulso al uso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de startups en los proyectos de Administración.

Después de cinco años de protesta, parece que en 2021 el ecosistema startup empezará a ver luz al final del túnel gracias a la dinamización del sector mediante esta ley. La Ley de Startups entra dentro del plan España Nación Emprendedora, una serie de medidas que pretende impulsar el Gobierno para el desarrollo digital en nuestro país y de las que 50 de ellas están destinadas a las startups y su ecosistema.

El objetivo no es otro que acelerar el crecimiento de las inversiones y situar a España a la altura de países líderes en el sector, como Alemania o Francia. Sólo esperamos que esta Ley realmente sea capaz de abordar las necesidades específicas del entramado emprendedor español y cumpla su cometido a la hora de potenciarlo.